Historia

Desde su fundación el 10 de noviembre de 1998 la institución definió su opción por afirmar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de los jóvenes, de las mujeres y, de las personas adultas mayores, en particular de los relacionados a su participación ciudadana, su actuación política-social y su organización autónoma, orientando el trabajo a desarrollar procesos que impulsen la visibilización de sus problemáticas, la generación de alternativas de intervención y la implementación de mecanismos de accesibilidad e inclusión social que permitan la imperativa aplicación de la justicia social, como condición esencial para el desarrollo y la irrestricta vigencia de los derechos humanos, como pilares fundamentales del Sistema Democrático, en la perspectiva de consolidar el proceso de Gobernabilidad y Descentralización en el país.